La nueva responsabilidad penal de las empresas

Tras la publicación el día 23 de junio pasado en el BOE de la reforma del Código Penal, en vigor a partir de hoy, día 23 de diciembre, una nueva actuación en el marco empresarial se hace necesaria en materia de Corporate Defense: La prevención de la responsabilidad penal de la propia empresa persona jurídica.

En efecto, una de las principales novedades de la reforma en materia penal es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad que se configura como autónoma e independiente de la que pudiera corresponder a administradores o empleados.

Si en España aún regía el aforismo societas delinquere non potest, a partir del día de hoy hemos de eliminar dicho aforismo de nuestro vocabulario jurídico, pues hoy en día las propias sociedades pueden ser objeto de condena penal y por tanto delincuentes autónomas.

Evidentemente, el hecho de ser objeto de imputación y acusación penales, ha de ejercer en el futuro una gran influencia reputacional, por lo que el coste que tal hipotética imputación o acusación conllevaría ha de ser tenido en cuenta a la hora de implantar los sistemas de prevención dentro de la empresa, ampliándolos a la prevención jurídico penal.

Estas políticas preventivas habrán de implantarse a fin de evitar el peligro de la exposición a un proceso penal, así como reducir los costes reputacionales – y también económicos – que tal hipotética incriminación penal conllevaría.

No obstante, el tratamiento que el nuevo Código Penal aplica a las personas jurídicas es distinto y diferenciado del aplicado a las personas físicas. En este breve trabajo intentamos realizar una explicación de cuál ha sido la vía elegida por el Parlamento para legislar en esta dirección, con lo que se armoniza nuestra Ley a las ya existentes en otros países de la Unión Europea.

La responsabilidad penal podrá ser exigida a toda persona jurídica, a excepción de las Administraciones Públicas, incluso cuando haya perdido la personalidad jurídica, si se continúa la actividad económica, manteniendo los mismos clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de ellos (art. 130 CP), lo que afectará sustancialmente a las fusiones, absorciones o adquisiciones.

Las personas jurídicas responderán penalmente por los delitos (solo algunos delitos, señalados en el propio Código) cometidos no sólo por sus administradores de derecho o de hecho por cuenta y en provecho de las mismas, sino también por las conductas delictivas cometidas por los empleados, cuando haya fallado la supervisión de los mismos por parte de los representantes legales de la persona jurídica, incluso cuando no se haya podido determinar la persona concreta autora del delito, o no se encuentre a disposición de la Justicia penal.

El legislador ha decidido imponer verdaderas penas a las personas jurídicas, penas graves (art. 33 CP). Pero ello exige que se demuestre la culpabilidad de la persona jurídica, de forma autónoma e independiente de la que corresponda a la persona física autora directa del delito.

La moderna teoría de la culpabilidad afirma que la responsabilidad penal de las sociedades y personas jurídicas surge de la cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad. En este contexto, los compliance programs o programas de cumplimiento de las empresas se revelan ahora como de gran importancia, ya que su implementación conllevará una atenuación de la responsabilidad, si se lleva a cabo durante el proceso penal, e incluso una exención de pena si se hubieran adoptado con anterioridad.

Se considera atenuante la colaboración en la investigación del hecho aportando pruebas durante el proceso siempre que sean decisivas para esclarecer las responsabilidades penales, por tanto las corporate investigations que se basan en investigación de los hechos acontenidos en la empresa, bien internamente o bien por despachos externos especializados, cuyos resultados, facilitados al juzgado, conllevan la atenuación de la responsabilidad de la sociedad. Por ello la necesidad de contar con direcciones letradas independientes para personas físicas y jurídicas resulta fundamental.

¿Qué delitos generan responsabilidad penal para las empresas?. En líneas generales:

– Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
– Estafas.
– Insolvencias punibles.
– Delitos contra la propiedad industrial e intelectual, mercado y consumidores.
– Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
– Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
– Delitos contra el medio ambiente.
– Falsedad en medios de pago.
– Cohecho.
– Tráfico de influencias.
Delitos de construcción, edificación y urbanización (art. 319 del Código Penal) (NUEVOS DELITOS).
– Delitos de organización.
– Etc.

Gran relevancia adquieren la transmisión de personalidad penal de las personas jurídicas, ya que el artículo 130 C.P. dispone que la responsabilidad penal en casos de transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica se trasladará a la nueva entidad resultante. Es decir, en cualquier operación de fusión o adquisición de una sociedad hay que llevar a cabo una due diligence que incluya un apartado penal inexistente hasta el momento.

Las penas que se pude imponer a una persona jurídica son:
– Disolución.
– Suspensión de actividades por un plazo máximo de cinco años.
– Clausura de locales por un plazo no superior a cinco años.
– Prohibición de realizar las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
– Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público, pérdida de beneficios o incentivos fiscales o de seguridad social por un plazo no superior a quince años.
– Intervención judicial por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
– Multa proporcional con una extensión máxima de cinco años y una cuota diaria de treinta y máxima de cinco mil euros al día.

Sólo son atenuantes las siguientes:
– Confesión a las autoridades.
– La anteriormente citada colaboración en la investigación del hecho.
– La reparación o disminución del daño.
– Haber establecido antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse bajo la cobertura de la persona jurídica. Evidentemente, de hallarse implantadas estas medidas con anterioridad a la comisión del delito podremos hablar de exclusión de la responsabilidad penal.

En consecuencia, los despachos criminalistas podrán (y deberán) colaborar con las empresas fijando los sistemas de control y prevención adecuados para cada ramo de actividad o departamento con el objeto de evitar, o al menos atenuar, la posible responsabilidad penal de la persona jurídica. No dude en consultar con los especialistas de SAGASTA 21.

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